El secretario de la OEA expresa a Venezuela su preocupación por el proceso electoral

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó este martes a las autoridades de Venezuela su preocupación por el proceso electoral.

En una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, Almagro lamentó el rechazo de esta misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte del país sudamericano.

El secretario general recordó a Lucena que su obligación es que las condiciones permitan la celebración de las elecciones de forma “justa y transparente”.

“Es preocupante que, del análisis de esas condiciones (en que se desarrolla la campaña electoral), tengamos que concluir que hoy por hoy, las dificultades solamente alcanzan a los partidos de la oposición”, afirmó el secretario general de la OEA.

“Una elección necesita que todos los actores involucrados, ciudadanos, partidos políticos, prensa y sociedad civil en general tengan asegurado el más pleno goce de todos sus derechos civiles y políticos”, recordó Almagro, que mencionó el caso de la inhabilitación de candidatos de la oposición.

Entre los políticos opositores inhabilitados citó a los exgobernadores Manuel Rosales y Pablo Pérez, a la líder opositora María Corina Machado, a los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, al dirigente del partido Voluntad Popular Carlos Vecchio, y a Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión.

“Venezuela tiene obligaciones con la democracia que trascienden a su propia jurisdicción”, insistió el secretario general.

El secretario general aseguró que la oposición le ha presentado quejas de que “no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campaña” y le recordó que al reproducir el discurso oficial, el CNE aumenta “la desconfianza del electorado opositor” sobre las elecciones.

También mencionó la desventaja que tiene la oposición por “la gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales” que el oficialismo utiliza en la campaña y por la “ausencia de garantías de acceso a los medios de comunicación” para las candidaturas que no cuentan con la financiación estatal.